Biografía:
,curioso por naturaleza, en sus inicios persiguió sus ideales episcopologios escribió múltiples publicaciones para revistas donde denotaba el interés por encontrar un limite de proximidad entre la epistemologica y la biológica, a medida que avanza su proceso de investigación, en ciertos conceptos como son asimilación, acomodación, equilibrio, organización, reversibilidad, egocentrismo, se hacían cada ves mas aplicables sus aportes a la educacion y al desarrollo del pensamiento y con el lenguaje.
SUS PRINCIPALES POSTULADOS
EL CONOCIMIENTO, y la forma como, el ser humano pasa de estados de menor validez y estado de mayor validez de este, sabiendo que la validez es aquel pensamiento, científico que solo un adulto podría llegar a adquirir, por lo tanto usa a l niño como medio, por el cual va a descubrir los acercamientos o planteamientos del adulto a cerca de la realidad.
es un defensor de la relación del hombre con el mundo, es decir del objeto y el sujeto, por separados son nada son juntos y cuando el sujeto le encuera uso a el objeto en contexto puede entonces así, construir o acercarse a su desarrollo.
el l lenguaje con el lenguaje logramos interactuar con el mundo de los objetos, y son estos objetos quienes nos ayudan a crear conocimiento, pero esto no es una tarea de un par de horas o mese, se hace durante toda la vida, jamas el ser humano deja de aprender de tener esa relaciona con el mundo que lo rodea.
teoría del desarrollo cognitivo, para él, el lenguaje es un recurso mas, que junto con el dibujo y otros mecanismos mas, le sirve al hombre, para
Los
derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen
nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.
Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
Los
derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y
garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho
internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes
del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos
humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar
medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de
determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA
La violación de los derechos humanos no es un fenómeno reciente en América Latina, pero los niveles alcanzados a partir de la década de los setenta, de mano de las dictaduras militares, no tienen equivalentes en su historia, si se exceptúa el proceso de conquista y colonización, durante los siglos XV y XVI.
Si bien la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, la desnutrición, los bajos niveles de salud, la mortalidad infantil y el hambre, han estado presentes durante todo el siglo XX; estos problemas sociales alcanzaron niveles sin procedentes bajo los gobiernos dictatoriales de las últimas décadas.
Las dictaduras militares y los grupos de poder económico que las impulsaron y las sostuvieron llevaron adelante la transformación de las economías latinoamericanas apelando a la represión y a la violencia sobre la población. Esta represión consistió, fundamentalmente, en la detención, la desaparición y el asesinato de los opositores al gobierno, incluso de muchos que no lo eran. Por otra parte, se eliminó todo derecho a la defensa en juicio y la tortura se transformó en el método corriente para la obtención de información sobre la actividad de los opositores.
Por medio del terrorismo estatal se buscó generalizar el miedo entre la población. La amenaza y el y el uso permanente de la fuerza amenazó a toda la sociedad: obreros, estudiantes, empresarios jóvenes, adolescentes, ancianos, bebés y niños; deportistas, intelectuales y discapacitados. Todos se transformaron en posibles víctimas.
Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 a partir de un golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional de la presidente María Estela Martínez de Perón, e instaló en su lugar una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas (integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti). Designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Esta etapa, a la que suele referirse simplemente como “el Proceso”, es considerada “la dictadura más sangrienta de la historia argentina”. Se caracterizó por el terrorismo de estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, el robo sistemático de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. Un largo derrotero judicial y político ha permitido condenar a parte de los responsables en juicios que aún continúan su curso. En este marco, los derechos individuales se ven claramente afectados por la actividad estatal, que consagra durante la etapa constitucional, la impunidad para los responsables de los distintos delitos contra las personas desaparecidas durante la etapa del “terrorismo de Estado”. Esta situación, la de que aquellos que cometen violaciones a los derechos humanos no sean sometidos a la Justicia, vulnera el principio de "igualdad ante la ley" y se convierte en una lamentable afirmación: "las personas no son iguales ante la ley". La falta de una sanción genera la convicción en los cuadros represivos de que pueden hacer valer el exterminio de las personas como medio para resolver un conflicto entre el Estado y la sociedad civil o entre un civil y un agente de las Fuerzas del Estado. Durante esta dictadura, se invierten los valores que sostienen la relación Estado-sociedad civil, cuando el Estado de Derecho tiende a sancionar los delitos contra la propiedad y a amnistiar y/o indultar los delitos contra la vida. La preservación del ser humano pierde un espacio irrecuperable frente a la preservación de los bienes materiales.
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
Las graves violaciones de derechos humanos en México ponen de manifiesto que, hasta el momento, los compromisos asumidos por el Gobierno mexicano de aplicar los tratados y normas internacionales en este ámbito no se están cumpliendo. La impunidad por violaciones de derechos humanos sigue siendo un problema endémico y el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos en el país continúa vetado para numerosos sectores de la población.
En los últimos años ha habido varios casos de homicidios ilegítimos, torturas, violaciones y detenciones arbitrarias perpetrados por agentes de la policía municipal, estatal y federal. A pesar de la aprobación de reformas constitucionales sobre la seguridad pública y la justicia penal en el país, algunas de las cuales deberían servir para la protección de los derechos de las personas detenidas, en la práctica se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos. Además, el número de abusos a manos de agentes de seguridad ha aumentado durante las operaciones emprendidas para combatir a las bandas criminales violentas.
Activistas políticos y sociales, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos son de los colectivos más afectados por la falta de acceso efectivo a la justicia, e incluso hay casos de presos de conciencia. Las comunidades indígenas o que sufren cualquier otro tipo de marginación son a menudo víctimas de acoso por oponerse a proyectos de desarrollo que afectan a sus medios de vida, mientras que los y las migrantes irregulares que atraviesan México son sometidos a malos tratos por agentes del Estado, y a violencia sexual y de otro tipo por bandas criminales.
Las desapariciones, homicidios, agresiones sexuales y otros abusos graves contra las mujeres no son debidamente prevenidos ni sancionados mediante investigaciones imparciales y efectivas, ni se da una adecuada atención a las mujeres que denuncian actos de violencia. Pese a los avances en la legislación para proteger a las mujeres frente a la violencia, su aplicación sigue siendo tenue. En el caso de la violencia familiar, las mujeres se enfrentan a numerosos obstáculos para acceder a la seguridad y la justicia, ya que las autoridades mexicanas a nivel federal, estatal y municipal no siempre reconocen que la violencia en el ámbito familiar es una violación de los derechos humanos y no sólo una cuestión privada.
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
La
crisis de los derechos humanos en Colombia no ha tenido las
manifestaciones externas de las dictaduras militares que asolaron el continente
latinoamericano en las décadas pasadas; pero se ha alimentado de las mismas
prácticas en la comisión de crímenes de lesa humanidad: torturas, ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidio.
En
Colombia en los últimos diez años se han asesinado trescientas mil personas
(alrededor de cien por día), treinta mil de las cuales por razones políticas (en
promedio diez diarias), de las cuales tres perecen en combates entre la
guerrilla y la fuerza pública, y siete en ejecuciones extrajudiciales o
masacres. Cerca de un millón de personas han sido obligadas a desplazarse de su
terruño (la mayoría viudas y niños huérfanos) dejando atrás sus ranchos quemados, sus
seres queridos asesinados y cargando con su miseria a cuestas. Dos mil
quinientas personas han sido detenidas desaparecidas, miles han sido detenidos
arbitrariamente y miles han sido torturadas. Estas cifras espantosas que
afectan los espíritus sensibles, describen el tamaño del terror y de la
impunidad que padece el pueblo de Colombia.
En
este país latinoamericano,respecto de las violaciones de los derechos humanos existe una verdadera política de impunidad que
compromete no solamente todos los órganos del Estado, sino los medios de comunicación de masas privados al servicio del capital, y por parte de las élites que controlan dicho
capital, que encubren no solamente los crímenes de lesa humanidad que el Estado comete, sino la exclusión económica, social y
política en que dichas élites mantienen a la mayoría de la población; todo ello bajo la cortina de humo de un discurso democrático.
"Cuando hay tempestades desoladoras,
vientos huracanados, uno sabe bien que en algún lugar del
cielo el sol sigue
estando presente...Colombia es un pueblo con futuro, no lo digo
yo, lo dice la gente que no da el brazo a torcer a pesar de tanta sangre
derramada"
En Colombia a diferencia de otros países de América
Latina la impunidad para los violadores de los derechos
humanos no se ha asegurado a través de indultos o
amnistías. Bajo la máscara de la administración de justicia a través
del fuero penal militar se ha ido asegurando la absolución
de todos los responsables del terrorismo de
Estado.
Se siguen
violando los derechos humanos en Brasil, pues se quebrantan las garantías de
dignidad en presidios, conflictos agrarios, pueblos indígenas y la población
más vulnerable de las favelas de Rio de Janeiro y São Paulo. Las conclusiones
son de Amnistía Internacional, organización no gubernamental que efectúa el
seguimiento en favor de los derechos humanos en todo el mundo.
La justicia brasileña es influenciada
Uno de los casos denunciados por la
organización internacional en su documento es la violencia sufrida por los
indios Guarani-Kaiowá, en Mato Grosso do Sul (situación reportada desde hace
varios meses por la Agencia Brasil). Según Amnistía Internacional, el gobierno
del Estado y terratenientes efectuaron una acción de lobby en la justicia para impedir
la demarcación de las tierras indígenas. De acuerdo con el informe, comunidades
de Guarani-Kaiowá fueron atacadas por pistoleros. Consta, inclusive, el
registro de la muerte del indígena Genivaldo Vera y la desaparición de Rolindo
Vera. Indios del Campamento Apyka’y también fueron expulsados de sus tierras y
tuvieron que vivir en condiciones precarias en el costado de una carretera.
“Los
Guarani-Kaiowá están sufriendo una pobreza extrema, desnutrición y continúan
sufriendo ataques de representantes de compañías de seguridad privada y de
(fuerzas) regulares. Continúan siendo despojados y forzados a vivir al lado de
la ruta, en condiciones de extrema pobreza y muchas veces son obligados a
trabajar en condiciones irregulares”, según afirmó el representante de Amnistía
Internacional, Tim Cahill.
Violencia contra campesinos
El documento de
Amnistía también apunta la violencia con que son tratados los campesinos en
conflicto por la tierra en Brasil. El trabajo cita los 20 asesinatos que habrían
sido cometidos en el país, entre enero y noviembre de 2009, por policías o
sicarios contratados por propietarios de tierras. La situación carcelaria
brasileña formó parte de los relatos del informe presentado por la
organización, dando una especial relevancia a los problemas de Espírito Santo y
del Presidio Urso Branco, en el Estado de Rondônia. Entre otras dificultades
señaladas por Amnistía Internacional están “la falta de supervisión
independiente y los altos niveles de corrupción”.
“Los detenidos
continúan siendo mantenidos en condiciones inhumanas o degradantes. La tortura
es utilizada regularmente como método de interrogatorio, de punición, de
control, de humillación y de extorsión. La superpoblación sigue siendo un
problema grave. El control de los centros de detención por Maras hace que el
grado de violencia entre los prisioneros aumente”, según denuncia el documento.
Las UPP no detiene la violencia de las fuerzas de
seguridad
La letalidad
policial en los Estados de Río de Janeiro y São Paulo fue mencionada por
Amnistía. La ONG cuenta que, en el caso de Río, por ejemplo, a pesar de la
experiencia con las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), las fuerzas de
seguridad siguen cometiendo muchos crímenes, asesinatos y arbitrariedades.El
documento citó además “amenazas” generadas por proyectos impulsados por el área
gubernamental del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), como represas,
carreteras y puertos, a comunidades tradicionales e indígenas. Subsiste la
persecución a defensores de derechos humanos y el trabajo esclavo en Brasil, a
pesar de las políticas del gobierno para terminar con el problema.De acuerdo
con la Casa Civil (de la Presidencia de la República), las obras del PAC
cumplen las exigencias de realización de audiencias públicas en las localidades
donde los proyectos serán implantados, lo que permite la amplia discusión con
los diversos ámbitos sociales, según una especie noticiosa de la Empresa Brasil
de Comunicación (EBC).
La versión del gobierno brasileño
En una nota, la
Casa Civil afirma que “establece medidas compensatorias que consiguen
garantizar la sustentabilidad de comunidades locales, inclusive con la creación
de programas de desarrollo regional, como en Rondônia, en función de las usinas
Río Madeira, en el entorno del Complejo Petroquímico de Río de Janeiro
(Comperj), en la Refinería Abreu y Lima, en Pernambuco”.El representante de la
ONG Tim Cahill dijo que, a pesar de la disposición de las autoridades
brasileñas de mejorar la situación de los derechos humanos en el país, varias
denuncias de Amnistía Internacional se continuarán repitiendo año tras año.
Según con Cahill, eso muestra que hay una diferencia entre el discurso de las
autoridades y la implantación concreta de medidas. “Hay un vacío entre el
entendimiento de las autoridades de implementar reformas, garantizar derechos,
la implementación verdadera y concreta. Ese (entendimiento de las autoridades)
es siempre contrariado por intereses económicos y políticos. Los que nosotros
vemos es que existe un discurso para la reforma, pero la implementación no
ocurre", según apuntóo Cahill.
·http://goo.gl/idYNFB
·http://goo.gl/KYqMsQ
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE
Chile es un país de América
ubicado en el sudoeste de América del Sur. Su
nombre oficial es República de Chile
y su capital es la ciudad de Santiago
Las violaciones de los
derechos humanos en Chile se refieren al
conjunto de acciones de persecución de opositores, represión política y
terrorismo de Estado, llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y de Orden, agentes
del Estado y por civiles al servicio de los organismos de seguridad de la
época, durante el Régimen Militar de Augusto Pinochet en Chile entre el 11 de
septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
De acuerdo a los informes de
la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) y la Comisión Nacional
sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), la cifra de víctimas
directas de violaciones de los Derechos Humanos en Chile, ascendería, al menos,
a unas 35 000 personas, de los cuales unos 28 000 fueron torturados, 2279 de
ellos ejecutados y unos 1248 continúan como Detenidos desaparecidos. Además
unas 200 000 personas habrían sufrido el exilio y un número no determinado (cientos de miles) habría
pasado por centros clandestinos e ilegales de detención.
Artículo principal: Dirección de Inteligencia
Nacional
Manuel Contreras, director
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
La DINA (Dirección de
Inteligencia Nacional) fue la policía secreta durante la dictadura militar del
general Augusto Pinochet en Chile entre 1973 y 1977. Fue creada formalmente a
través del Decreto Ley n.° 521, de junio de 1974, aunque ya funcionaba de facto
desde fines de 1973. Dirigida por el
teniente coronel Manuel Contreras, fue creada con el objetivo de reprimir, desarticular y eliminar elementos
calificados como subversivos por el régimen, así como asesinar a figuras
notables de la oposición a la dictadura en el exilio. La DINA fue responsable
de la mayor parte de los casos de asesinatos, tortura, secuestro y desaparición
forzada de personas realizados durante el régimen militar. Fue reemplazada en
1977 por la CNI (Central Nacional de Informaciones).
El Informe Hinchey señala
que entre 1974 y 1977, la CIA mantuvo contacto regular pagado4 con el entonces
director de la DINA.5 El gobierno de los Estados Unidos aprobó esta relación
mercenaria con Contreras puesto que “dada su posición como jefe de la principal
organización de inteligencia en Chile, era necesario para cumplir la misión de
la CIA, a pesar de las preocupaciones de que esta relación pudiera exponer a la
CIA a acusaciones de estar colaborando en la represión política interna”.
